Leonardo Tamburini
La marcha es la medida más sacrificada, pero a la vez la más efectiva, con la que cuentan los pueblos indígenas en su menú de opciones de acción directa. Se dice que en Bolivia una marcha indígena nunca fue derrotada por ninguna de las diferentes administraciones estatales de turno. Por el contrario, sus logros inmediatos o estratégicos, en casi todos los casos, terminaron impactando en la agenda política del país. Gran parte del nuevo texto constitucional se debe a las movilizaciones indígenas, que recoge una buena cantidad de sus demandas históricas, y contiene, además, la hoja de ruta de cambio y transformación para las próximas generaciones.
Sin embargo, el poner a rodar la nueva estructura institucional y hacer realidad los avances logrados en la norma, se está volviendo una empresa casi revolucionaria. Las permanentes regresiones en la legislación de desarrollo, así como en las medidas de implementación de la Constitución, ha ocasionado la paradójica situación de que el movimiento más identificado con el Estado Plurinacional en términos teóricos e históricos se haya convertido, en este momento, en el enemigo principal del operador de los mandatos de la Constitución: el Gobierno y los demás poderes constituidos. El caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es el reflejo más evidente de esa tensión. La convocatoria a la IX marcha indígena, a sólo seis meses de concluida la anterior, responde a la evidente profundización de la línea regresiva constitucional, expresada en los términos crudos en la Ley 222 (de consulta previa).
La aprobación de esa normativa es el detonante de la marcha, en tanto el principal logro de la anterior movilización, la prohibición de construir la carretera por el TIPNIS, pretende ser revertido con la aplicación de la indicada reglamentación. Esta norma está sirviendo también para justificar el aparatoso despliegue gubernamental en Beni, apoyado por las instancias municipales y regionales, en una abierta y sistemática campaña de compra de la decisión de aceptación de la construcción de la carretera. En ese sentido, se vienen multiplicando las entradas al TIPNIS acompañadas de brigadas de salud, carnetización, víveres, motores de agua, semillas y grandes promesas de “desarrollo”. Sin embargo, la recepción de estas dádivas están condicionadas al compromiso de que acepten la consulta y, por tanto, la construcción de la vía, así como el de no acompañar la IX marcha indígena.
La decisión de marchar asumida por los indígenas encuentra justificación día tras día. Un ejemplo de ello es la aprobación inconsulta del protocolo de implementación de la Ley 222, trabajado de manera reservada a los directos interesados. El documento expone, con todas las letras, que los indígenas no se podrán oponer a la carretera. En efecto, la encuesta, que a título de protocolo se practicará en lo que el Gobierno ha llamado consulta, impide que los pueblos del TIPNIS ratifiquen en ese proceso su decisión negativa respecto de la vía.
Es decir, el protocolo tiene por objeto y contenido buscar la mejor opción ambiental, social y cultural para que la carretera se construya atravesando el TIPNIS. Cualquiera de los criterios que expresen los consultados, el resultado será el mismo: la vía atravesará irremediablemente el TIPNIS. Sin la participación de las organizaciones representativas, con la inclusión de terceros que han renunciado a sus derechos colectivos a decidir sobre el territorio y en aplicación de un proceso que no toma en cuenta las instancias sociales y culturales propias de decisión, y viola expresamente los postulados mínimos que rigen nacional e internacionalmente el consentimiento libre previo e informado.
De paso, tanto la ley como su protocolo despojan a la Subcentral TIPNIS la titularidad de la administración compartida del parque y del poder de decisión sobre su territorio en tanto propietarios privados de esas tierras colectivas, puesto que la encuesta prevé la participación de las comunidades y otras instancias definidas, en franco desconocimiento de las estructuras tradicionales de los pueblos. Además, los procedimientos y normas propios son violentados por esta norma de manera unilateral.
Finalmente, en este “protocolo” figura la prohibición expresa de que se monitoreen los talleres y no se difunda ninguna información hasta que el Órgano Electoral emita el “resultado” de la consulta. Es decir, la decisión será fruto de un desigual proceso de “acuerdo” entre todo el aparato estatal frente a las comunidades despojadas de sus organizaciones, sus técnicos, obligados a aplicar un documento que no conocen y en absoluta indefensión frente al principal interesado de voltear la decisión que ellos mismos han tomado y el Estado no quiere reconocer.
A semejante atropello se le suma la estrategia de la prebenda y cooptación de dirigentes de las organizaciones regionales de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que busca detener la IX marcha o, al menos, restarle representatividad y legitimidad. Habrá que ver el 25 de abril si esa estrategia combinada tiene los resultados esperados por el Gobierno. De todos modos, lo que refleja tal acción es que estamos todavía lejos de que el Ejecutivo asuma genuinamente el reto de construir el Estado Plurinacional.
Agencia Eco Digital 